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La justicia intimó al PRO bonaerense, presidido por María Eugenia Vidal, por los aportantes truchos

El juez federal Ernesto Kreplak intimó al PRO bonaerense, presidido por María Eugenia Vidal, al Ministerio de Desarrollo Social y a la AFIP a que entreguen la información que había solicitado. El magistrado espera el listado de beneficiarios de planes sociales para cotejarlo con el de los aportantes a la campaña del oficialismo.


El juez federal Ernesto Kreplak intimó al PRO bonaerense —presidido por la gobernadora María Eugenia Vidal—, al Ministerio de Desarrollo Social y a la AFIP para que en las próximas 72 horas le entregan la información requerida en la investigación sobre los aportantes truchos de la campaña legislativa 2017. Kreplak intenta verificar las identidades de, al menos, 250 beneficiarios de planes sociales que fueron utilizados como aportantes de la campaña de Cambiemos, para avanzar en la investigación sobre la gobernadora e intendentes del PRO, que integran la cúpula del partido en la provincia, por los delitos de lavado de dinero, falsificación de instrumento privado y robo de identidad.

"Que se aclare, no hay nada para ocultar. En esta causa di la cara y la voy a seguir dando", sostuvo ayer la gobernadora en una entrevista ofrecida a TN en el intento de despegarse del escándalo. El PRO, sin embargo, no parece muy predispuesto a colaborar con la Justicia. Kreplak aún espera que el PRO le entregue la información que solicitó por primera a fines de julio. Ni el partido ni la cartera de Desarrollo Social, encabezada por Carolina Stanley, ni el organismo previsional, dirigido por Emilio Basavilbaso, le respondieron.

La justicia federal recibió la primera lista de 250 aportantes truchos a partir de la investigación hecha por el periodista Juan Amorín, quien cruzó las listas presentadas ante la Justicia Electoral con las de planes sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja. Las personas que cobran planes sociales aparecían en las listas de Cambiemos como aportantes de 2.800 pesos para la campaña.

El primero en abrir una investigación fue el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello, quien ya giró la información al juzgado electoral de La Plaza,que subroga Adolfo Ziulu. El fiscal que debía investigar allí la maniobra de Cambiemos era Hernán Schapiro pero fue desplazado por el procurador general interino Eduardo Casal.

Di Lello había probado, a través de una consulta a la Cámara Electoral, que de 100 nombres de personas beneficiarias de planes sociales consultadas, el 99 por ciento figuraban además como afiliados al PRO, algo que las personas involucradas desconocieron.

Kreplak tramita una causa en la que investiga posibles delitos derivados de aportes truchos a la campaña legislativa 2017 en la provincia de Buenos Aires, en base a una denuncia de la senadora María Teresa García (Unidad Ciudana-Frente para la Victoria). También tiene en su poder otra que apunta a la campaña de 2015, abierta a partir de una denuncia de la diputada Florencia Saintout (UC-FpV-PJ).

Para confirmar si el oficialismo utilizó ilegalmente las bases de datos con fines electorales, Kreplak solicitó a la Anses un informe con la identidad de los beneficiarios de los planes sociales Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Hacemos Futuro de los últimos cinco años. En paralelo, le pidió esa misma información al ministerio a cargo de Stanley y la lista de afiliados al PRO. Aún sin respuesta, hoy envió la intimación.

"Aún no está probado que hubo delito. Seguro que hubo errores, pero nosotros damos la cara, separamos a funcionarios, no evitamos el tema, nos sometemos a la Justicia", sostuvo Vidal anoche y resaltó que con la causa se la intenta "igualar con el kirchnerismo". "Que llenen los juzgados federales de denuncias, yo estoy segura de lo que hice", dijo la titular del PRO bonaerense antes de recibir la intimación de Kreplak.

(Página/12)

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