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Amparo a favor de 400 discapacitados a los que el gobierno quitó las pensiones

La Justicia Federal de Viedma destacó la “trascendencia social de los derechos afectados” y sostuvo que la medida aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social lesionó el derecho colectivo. La decisión sienta un precedente y se esperan fallos en el mismo sentido en planteos similares realizados en otras cuatro provincias.



La Justicia Federal de Viedma hizo lugar al amparo colectivo presentado por un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) y dos ONG para que se restituyan las pensiones no contributivas por invalidez a las personas que el gobierno de Mauricio Macri se las había quitado compulsivamente. 

La medida favorecerá a unos 400 ciudadanos de la provincia de Río Negro y se estima que el fallo tendrá réplica, al menos, en las otras cinco provincias en que se hicieron presentaciones similares.

La decisión de la jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, destacó la “trascendencia social de los derechos afectados” y sostuvo que la medida aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Carolina Stanley lesionó el derecho colectivo. 

Además, destaca la necesidad de defender las garantías constitucionales y sostiene que “la afectación de los beneficios de pensión no contributiva (…) no encuentra sustento normativo alguno sino que responde a una vía de hecho”.

“La Justicia nos dio la razón desde lo social, por lo descarnado de la medida de Macri, y desde lo técnico, porque el fallo demostró que (el recorte de pensiones) fue una decisión arbitraria e irracional que no contó con el mínimo procedimiento administrativo que requiere la ley”, destacó el diputado nacional por Río Negro Martín Doñate, impulsor de la medida cautelar solicitada mediante amparo.

El decisión se dio a conocer horas después de que se revelara que el gobierno de Cambiemos no restituyó las pensiones para discapacitados, tal como lo había prometido luego de que estallara el escándalo y se concretara en el Obelisco una masiva movilización de personas con discapacidad y organizaciones sociales y educativas que las contienen.


De hecho, los tres particulares damnificados que presentaron el amparo en el juzgado de Viedma tampoco habían recibido hasta hoy la restitución de ese beneficio.

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